Santa Rosa (2b) – El Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SiTEP) lanzó una dura denuncia pública contra el Ministerio de Educación de La Pampa y sostuvo que existen situaciones de «violencia laboral, persecución y hostigamiento» hacia docentes que terminan siendo víctimas de conflictos escolares.
A través de un comunicado, la organización gremial aseguró que existe una «preocupación recurrente» entre los trabajadores de la educación porque, según planteó, «las autoridades del sistema educativo no cuidan a su personal, sino que muchas veces lo hostigan y persiguen, siendo un engranaje más en las violencias que declaran combatir».
Para fundamentar su postura, el sindicato expuso dos casos que considera representativos del accionar de las autoridades.
Una docente denunció amenazas y terminó con licencia. El primer episodio involucra a una docente que, según SiTEP, alertó a sus superiores sobre amenazas de una estudiante mayor de edad con antecedentes de violencia física y problemas de salud mental.
De acuerdo con el relato gremial, ante la falta de respuestas institucionales, la docente decidió realizar una denuncia judicial. Luego se dictaron restricciones y la trabajadora accedió a una licencia. Tiempo después, la estudiante agredió a otra persona fuera del establecimiento educativo.
Para el sindicato, el caso evidenció la ausencia de intervención estatal. «No era una profecía, sino el conocimiento empírico de una situación que requería acompañamientos y tratamiento especial de salud, con equipos interdisciplinarios y redes», sostuvo la organización.
Y agregó que tanto la docente como la estudiante quedaron «libradas a su suerte, más cerca del abandono de personas que del cuidado y la dignidad humana».
Sanción por dictar contenidos de ESI. El segundo caso mencionado corresponde a un docente que, según SiTEP, fue sancionado tras impartir contenidos vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI) luego de una denuncia presentada por una familia.
La agrupación afirmó que las autoridades educativas labraron actas relacionadas con situaciones laborales, normas de convivencia e incluso cuestionaron la forma de vestir del docente.
Como consecuencia del proceso disciplinario, señalaron que el trabajador recibió una suspensión y sufrió descuentos salariales. «Otro ejemplo de violencia laboral y abuso de poder. Frente a la disidencia optan por el castigo atemorizante para disciplinar material y simbólicamente», expresó el sindicato.
Críticas a la política educativa. Desde SiTEP sostuvieron que ambos episodios muestran un patrón de funcionamiento institucional. «Estos casos testigos reflejan cómo el maltrato se transforma en una política pública», afirmaron.
También cuestionaron los protocolos de actuación del sistema educativo al considerar que, mientras promueven «escuchas activas y democráticas», en la práctica se aplican «lógicas de vigilar y castigar».
Finalmente, el gremio repudió el accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), al sostener que actúa con rapidez cuando las sanciones recaen sobre docentes, pero no con la misma celeridad cuando las denuncias apuntan contra funcionarios públicos.
