Buenos Aires (2b) – Con cruces entre el oficialismo y la oposición en torno al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, en La Libertad Avanza se da por descontada la aprobación en general, pero crecen las dudas en torno al capítulo en el que se modifica la Ley de Manejo del Fuego. La sesión avanza sin la presencia virtual de quienes habían pedido ser autorizados a participar de manera remota.
Avanza en la Cámara alta el debate del proyecto de ley de Inviolabilidad Privada, un paquete que finalmente fue abierto en el recinto, después de cuatro intentos fallidos. El oficialismo confía en tener los votos para aprobarlo por completo, aunque se sabe que están ajustados para la votación en particular de los temas relacionados con el manejo del fuego y los desalojos.
Justamente en ese sentido, promediando la noche las especulaciones estaban a la orden del día. Y sobre todo alertaban sobre la posibilidad de que cayera el capítulo referido a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, según informó el sitio Parlamentario.
La sesión arrancó a las 14.18 sin necesidad de contar con el quórum, tratándose de la continuidad de la sesión del 16 de julio pasado en la que se votó un cuarto intermedio para debatir este tema. La puso en marcha el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.
Precisamente Villarruel había avalado en la previa de esta sesión a los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama a participar de manera virtual de esta sesión, imposibilitados como están por razones médicas de asistir de manera presencial a la sesión. Sin embargo ese tema debía ser resuelto por el pleno del Cuerpo, y si bien se preveía una fuerte discusión reglamentaria sobre el tema, en realidad la cuestión había sido saldada ya fuera del recinto, al punto tal que se votó a mano alzada y sin debate que esos pedidos y el tema en sí sea tratado oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Es que en realidad la resolución del oficialismo de eliminar por completo el capítulo correspondiente a la modificación de la Ley de Tierras, efectivizada el día anterior a la sesión, le habían quitado a esta sesión buena parte del suspenso y ya esos dos votos no eran -a priori- determinantes.
Un largo debate
Treinta y nueve legisladores se anotaron para hablar en esta sesión, lo que mostró de entrada que esta sería una sesión muy extensa. Abrió el fuego el senador Agustín Coto, quien en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue el miembro informante, y en su exposición dio detalles de la norma promovida por el Poder Ejecutivo, y una y otra vez hizo referencias a las múltiples modificaciones realizadas en el texto dictaminado oportunamente.
Una iniciativa que, dijo, “nace en el marco de lo que fue el Pacto de Mayo, incorporado finalmente como proyecto”. Cuya base constitucional está en el artículo 17 de la Constitución, que establece el concepto de inviolabilidad de la propiedad y le da “la nomenclatura con la que tratamos esta ley”, según planteó.
Tras recordar cómo fue el debate en comisión, que remarcó que contó con la participación mayoritaria de gente que no estaba de acuerdo con el proyecto, se llegó a un dictamen que, admitió, “ya tiene bastante tiempo”. “Ha habido más de una modificación”, deslizó, aunque obviamente los cambios son “más de uno”. Y recordó en ese marco que la última y gran modificación fue la eliminación del Capítulo III.
Tantas eran las modificaciones a las que hizo referencia -aclarando que más tarde daría precisiones puntuales a los efectos de ser considerados en la votación en particular-, que los senadores Adán Bahl y Fernando Salino lo interrumpieron para solicitar precisiones, a fin de seguir el hilo del borrador del dictamen que tenían en sus manos. En realidad, se trataba de la última de las casi dos decenas de textos con modificaciones que circularon las últimas semanas.
Atento a ello fue que el senador José Mayans adelantó la postura que se esperaba expondría en algún momento, y propuso a continuación del discurso de Coto una moción para devolver el texto a comisión. Previsiblemente no tuvo éxito, y el resultado de la votación adelantó de alguna manera la tendencia que se mantendría al cabo de la sesión, pues el oficialismo con aliados rechazaron la moción por 38 votos contra 31.
Votaron con el oficialismo los radicales, el Pro, la neuquina Julieta Corroza, Camau Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y la chubutense Edith Terenzi, en tanto que en contra lo hicieron los miembros del interbloque Popular, Convicción Federal, Beatriz Ávila, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo.
En una extensa intervención, el senador chaqueño Jorge Capitanich invocó a la Constitución Nacional, el Magnifica Humanitas (doctrina social de la Iglesia) y a la “doctrina peronista” para endilgarle a este texto un objetivo de “eliminar los límites de la extranjerización de las tierras”.
Evitando mencionar la acusación contra Joaquín Benegas Lynch, el exgobernador ironizó: “Si queremos custodiar la propiedad, custodiémosla siempre y con los mismos principios, no cuando se usa al Estado para satisfacer intereses personales y corporativos”.
Cuestionó al oficialismo por agregar una nueva derogación a la Ley de Manejo del Fuego (26.815), al que acusó de “violar el Acuerdo de Escazú y todas las leyes”, relacionadas con el objeto del marco regulatorio. “Es importante remarcar nuestra oposición enfática a estas decisiones”, reiteró.
Por último, expresó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres”, y concluyó: “La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada encubre la facilitación del despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.
“Me cuesta creer que estemos tratando este proyecto”, arrancó su intervención la senadora santacruceña Alicia Kirchner al remarcar que el tema está en la Constitución Nacional y apuntó: “Me pregunto si el Ejecutivo no se dio cuenta que es el cementerio de las instituciones”. Así, agradeció al pueblo que “puso un límite” y a los gobernadores que “supieron entenderlo”.
Sin embargo, lamentó que los proyectos vigentes “tienen que ver con esos dos capítulos que se retiraron, de manera imperceptible, lo que están haciendo es vulnerando hasta el mismo proyecto que presentaron. Tienen contradicciones”.
“Hay una discrecionalidad y un desprecio a los sectores vulnerables”, manifestó y planteó que la modificación a la Ley 27.718, que trabaja la reparación histórica de las comunidades campesinas, se verá afectada el tema de la titularización de esas tierras porque “heredan esos territorios y sus tierras van a ser tocadas. Lo mismo sucede con comunidades originarias”.
Sobre el tema de los desalojos, señaló que “hay un desconocimiento de los procesos sociales. Me hubiese gustado que promovieran la construcción de viviendas o planes, esas son soluciones acordes”, y denunció que el Gobierno “aprieta” a los municipios y provincias para que lleven a cabo esos procesos.
Por último, Kirchner se refirió al Manejo del Fuego y expresó: “Se maneja en una especulación inmobiliaria. Es cruel”, y cerró: “Quiero una libertad que hable de soberanía nacional y desarrollo humano, no de mercantilismo”.
A su turno, el senador radical Maximiliano Abad planteó cuestionamientos al nuevo capitulo III del proyecto, la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Luego, manifestó que “defender la propiedad privada es determinante para garantizar seguridad jurídica y generar inversión”, pero afirmó que “la Argentina necesita una Ley de Tierras que sea federal y moderna, y la vigente puede ser perfectible, pero de ninguna manera podemos eliminar límites y controles”.
Por el lado del oficialismo, la neuquina Nadia Márquez le reclamó al bloque de UP no haber participado de las comisiones en las cuales hubo expositores que ellos mismos habían invitado: “Les recomiendo que vengan”.
A la hora de explicar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad, para “poder seguir regulando el tema de desalojos”, planteó diversos ejemplos como el caso de una vecina de la provincia de Neuquén llamada María que adquirió en 1973 un total de 600 hectáreas cerca de Villa La Angostura, pero en el año 2011 le usurparon parte de sus tierras grupos autodenominados mapuches.
“Esta mujer inició en el 2012 el juicio de desalojo para poder recuperar las tierras que le pertenecen. El desalojo fue ordenado y ella inició la ejecución de sentencia que fue ordenada para el 30 de marzo de este año. Se presentaron autoridades judiciales, pero a la hora de operativizar el desalojo, las fuerzas policiales de Neuquén no tuvieron la orden de presentarse. Hace más de 15 años que esta mujer, a quien no conozco, no puede tener su propiedad privada”, explayó y remarcó la importancia de “juicios de desalojo para que sean más rápido y por eso promovemos que sean por juicios sumarísimos”.
Márquez apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien calificó de “desorbitado” y “delirante” por sus dichos días atrás: “Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”. Por último, la libertaria destacó que el proyecto promueve “el fin de las usurpaciones, intentar recuperar un inmueble sea un poquitito más ágil. Ponerles un freno a las expropiaciones desmedidas y apoyar a quienes quieran invertir en el país”.
El senador riojano Fernando Rejal rechazó el proyecto por su falta de transparencia tras sufrir 17 modificaciones a ciegas, denunció la desprotección de 4 millones de personas frente a los desalojos exprés y advirtió que la flexibilización en la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego busca liquidar el patrimonio estratégico del país.
«Estábamos pidiendo que vuelva a comisión para poder analizarla y establecer cuáles son los alcances y los límites que se ponían, porque estábamos modificando varias instituciones. Al no tener garantías ni claridad sobre el texto definitivo, vamos a votar por su rechazo», aseveró Rejal durante su intervención en el recinto.
Rejal alertó que el proyecto: “Facilita la flexibilización de formalidades y registros para el traspaso de titularidad de tierras a capitales extranjeros, al tiempo que destruye el espíritu de la Ley de Manejo del Fuego eliminando la prohibición del uso comercial de terrenos quemados, entregando el negocio inmobiliario a quienes quemen bosques”.
Además, cuestionó la incorporación de procedimientos acelerados de desalojo que vulneran el derecho de defensa de más de 4 millones de personas en todo el país y alertó que “Argentina está de remate” porque “con todas las riquezas que tenemos — segunda reserva de gas no convencional, 20% del litio mundial, agua dulce, 200 millones de hectáreas productivas— este proyecto nos pretende hacer creer que la norma es para que un inversor venga a poner un tambo. Nos toman por estúpidos. Lo que hay detrás es un plan sistemático de entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos”.
“No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”, señaló el senador Guillermo Andrada (Catamarca) haciendo un llamado directo “al ministro desregulador” (Federico) Sturzenegger. Así cerró un discurso en el que la bancada de Convicción Federal fijó su posición negativa frente a la iniciativa oficial.
El legislador había indicado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos -si bien 60% son propietarios-, la mayoría que cobra un salario, están regulados por este Gobierno que impide paritarias libres”. Y completó: “Tanto que se llenan la boca con la libertad, si tanto le interesa desregular, que desregulen las paritarias”.
En su alocución, Andrada hizo una descripción exhaustiva del dictamen de minoría que la bancada que preside Carolina Moisés (Jujuy) e integra la senadora nacional, Sandra Mendoza (Tucumán) firmó, presentando una propuesta superadora, cuando La Libertad Avanza clausuró el debate en los plenarios de comisiones. Definió que los ejes del dictamen de minoría son “defender a los más vulnerables, que se respete el debido proceso y dar seguridad jurídica”.
Mientras se desarrollaba el debate, tras los muros del Congreso tenían lugar fuertes incidentes entre manifestantes y los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los senadores que se expresaron repudiando “la represión”, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, arrancó expresando su repudio personal “con la represión que están haciendo en las adyacencias del Congreso, que parece que es de una cobardía muy pocas veces. No dar la discusión sobre uno de los proyectos por los que la gente vino a manifestarse, y encima reprimirlos, es de una cobardía nunca vista”, lanzó.
Avanzada la jornada, luego de las 22, fue el turno de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien se manifestó en contra de los capítulos sobre Ley de Manejo del Fuego y desalojos. En cuanto al primero, planteó: «¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?».
La presidenta de la Comisión de Ambiente señaló que con la redacción final «quedan únicamente protegidos los bosques nativos». «Me preocupa que quedan sin protección otros recursos. Hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas», advirtió. Y afirmó que «este capítulo es regresivo» y «va en contra del Acuerdo de Escazú».
