Buenos Aires (2b) -La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera en La Pampa que parte de los recursos recaudados para el mantenimiento de las rutas nacionales queda a disposición de Economía para sostener el equilibrio fiscal. La presentación judicial apunta también contra funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación.
Las declaraciones realizadas por el vocero presidencial Adrián Ravier durante su visita a La Pampa terminaron teniendo una derivación judicial de alcance nacional. A partir de sus dichos sobre el destino de los recursos recaudados para las rutas, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto desvío y utilización irregular de fondos que tienen asignación específica para infraestructura vial.
Ravier había admitido públicamente que una parte de los recursos provenientes de los impuestos destinados al sistema vial no llega a Vialidad Nacional y queda bajo disposición del Ministerio de Economía. “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, sostuvo el funcionario al referirse al mecanismo de financiamiento de las rutas.
La definición, realizada en territorio pampeano, adquirió especial relevancia porque se produjo en momentos en que crecen los cuestionamientos por el estado de las rutas nacionales y por la paralización o demora de numerosas obras de infraestructura en distintos puntos del país.
Una denuncia por más de un billón de pesos
Tolosa Paz llevó el planteo a la Justicia Federal y pidió investigar la posible comisión de delitos como malversación agravada de caudales públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, entre otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.
De acuerdo con la documentación incorporada a la presentación, el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) acumuló durante los últimos dos años y medio alrededor de $1,503 billones, pero solamente unos $394.406 millones fueron ejecutados para el destino específico previsto. Esto representa una subejecución del 73,8%.
El dato que sostiene la denuncia es todavía más significativo: al 31 de mayo de 2026, el sistema mantenía más de $1,001 billones colocados en inversiones financieras, principalmente plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en cuentas bancarias. En total, más de $1,038 billones no habrían sido aplicados a las obras viales para las cuales fueron recaudados.
La legisladora cuestionó que esos recursos permanezcan dentro del sistema financiero mientras numerosas obras comprometidas permanecen paralizadas o avanzan a un ritmo muy inferior al previsto.
El impuesto a los combustibles, bajo la lupa
El SISVIAL constituye uno de los principales mecanismos de financiamiento de la infraestructura vial nacional y recibe recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. La discusión se centra precisamente en el destino de esos fondos y en si el Gobierno puede disponer de ellos para otros objetivos fiscales.
La denuncia sostiene que se trata de recursos con un destino específico y que su retención y colocación en instrumentos financieros podría constituir una utilización contraria a la finalidad para la que fueron recaudados.
La controversia tomó mayor dimensión después de que Ravier reconociera que Economía dispone de una parte de esos recursos para contribuir al equilibrio fiscal. El Gobierno, sin embargo, sostiene que Vialidad continúa realizando tareas de mantenimiento y rechaza la idea de que la totalidad de los fondos haya sido desviada o que las rutas se encuentren abandonadas.
Las rutas 3 y 5, entre los ejemplos
La presentación de Tolosa Paz también pone el foco sobre obras concretas, entre ellas proyectos vinculados con las rutas nacionales 3 y 5 en territorio bonaerense. Según la documentación citada en la denuncia, el tramo Mercedes–Variante Suipacha de la Ruta 5 registraba a mayo de este año un avance físico del 16,89% y financiero del 11,36%.
El caso de la Ruta 5 tiene además una particularidad para La Pampa: se trata del principal corredor vial que conecta la provincia con el Área Metropolitana de Buenos Aires y uno de los ejes estratégicos para el transporte de cargas hacia el oeste del país y la región de Vaca Muerta.
La discusión por los fondos viales vuelve así a poner bajo la lupa el estado de una infraestructura que en los últimos meses quedó en el centro de los reclamos de provincias, transportistas, municipios y usuarios.
De una declaración en La Pampa a Comodoro Py
El recorrido de la polémica es significativo: una declaración formulada por un funcionario nacional en La Pampa terminó formando parte del argumento político y judicial utilizado para denunciar al ministro de Economía.
Ahora será la Justicia Federal la que deberá determinar si existió una utilización irregular de los recursos del SISVIAL, reconstruir el recorrido de los fondos y establecer, eventualmente, responsabilidades penales de funcionarios nacionales.
