Buenos Aires (2b) – La Libertad Avanza buscará avanzar este miércoles con el dictamen del denominado Súper RIGI en el Senado, aunque la iniciativa todavía depende de un acuerdo con los bloques aliados, que reclaman modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados.
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, crea un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias y apunta a atraer proyectos de más de US$1.000 millones en sectores estratégicos y actividades consideradas nuevas para el país. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados, donde fue aprobada con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones.
Ahora, el oficialismo enfrenta una negociación más compleja en la Cámara alta. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar el respaldo de legisladores del PRO, la UCR y bloques provinciales para conseguir los votos necesarios.
Los aliados ponen condiciones
Uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas es fortalecer la participación de las provincias en los proyectos alcanzados por el régimen. Entre las modificaciones planteadas aparece la posibilidad de que los gobiernos provinciales intervengan en los estudios previos antes de autorizar determinadas inversiones.
También se discuten mecanismos para favorecer la participación de proveedores nacionales y estimular la inversión en investigación y desarrollo. En Diputados, el proyecto ya había incorporado una cláusula de “Compre Nacional” que establece que al menos el 20% de las inversiones de los proyectos alcanzados se canalice a través de proveedores locales.
El oficialismo pretende cerrar los acuerdos antes de avanzar con el dictamen para evitar que el proyecto vuelva a sufrir modificaciones posteriormente.
Una ley clave para el Gobierno
El Súper RIGI es presentado por el Gobierno como una herramienta para atraer inversiones de gran escala y promover el desarrollo de nuevas industrias, con sectores como tecnología, inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología y minerales críticos entre las actividades alcanzadas. La iniciativa establece un período de cinco años para adherir al régimen y busca generar condiciones especiales para proyectos de gran magnitud.
El objetivo del oficialismo es que el Senado avance con el dictamen y poder llevar el proyecto al recinto durante septiembre. Sin embargo, la posibilidad de modificar el texto aprobado por Diputados mantiene abierta la negociación: si finalmente el Senado introduce cambios, la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja para su revisión.
