Buenos Aires (2b) -El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, presentó una denuncia penal contra los manifestantes que participaron de la protesta del jueves frente al Congreso, durante el tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por los funcionarios Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, quienes solicitaron la “inmediata investigación y posterior detención de los responsables” por los hechos ocurridos durante la movilización del 6 de agosto.
La denuncia plantea la posible comisión de los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, daño agravado, atentado a la autoridad agravado y resistencia a la autoridad. Además, el Ministerio de Seguridad pidió que se aplique el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal.
El punto más controvertido aparece en la posible escala de penas. La denuncia menciona el artículo 226 del Código Penal, que contempla penas de entre 5 y 15 años para quienes se “alcen en armas”, entre otros supuestos, con el objetivo de impedir el funcionamiento de un poder público. Si a esa figura se le aplicara el agravante del artículo 41 quinquies, la escala podría duplicarse y llegar a entre 10 y 30 años de prisión.
Según la presentación oficial, durante la protesta algunos manifestantes arrojaron “piedras, escombros y otros objetos contundentes” contra las fuerzas de seguridad. También se denunciaron daños en baldosas, bancos públicos y vehículos policiales, además de efectivos heridos.
El Gobierno sostiene que esos hechos podrían haber tenido como finalidad “inhibir y/u obturar” total o parcialmente la actividad legislativa. Por eso, pidió preservar registros fílmicos, identificar a los participantes y determinar los daños ocasionados, además de investigar a quienes hubieran colaborado, participado o instigado los incidentes.
Una jornada marcada por la represión
La movilización había sido convocada contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, después de que el Gobierno retirara del texto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.
La jornada terminó con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. De acuerdo con la Comisión Provincial por la Memoria, hubo 28 personas detenidas: 21 por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal y otras siete por la Policía de la Ciudad.
La CPM denunció además el uso de gases lacrimógenos, agentes químicos y camiones hidrantes, y calificó el operativo como una de las jornadas represivas “más violentas y extendidas en tiempo y distancia” de los últimos años.
El operativo se extendió durante varias horas y alcanzó distintos puntos del centro porteño. También se denunciaron disparos de balas de goma sobre la avenida 9 de Julio, incluso en zonas donde circulaban personas que regresaban a sus hogares.
En medio de la cobertura de la protesta, una fotógrafa resultó herida tras recibir un golpe en la cabeza y tuvo que esperar una ambulancia en la intersección de Lima y Avenida de Mayo.
Así, después de una jornada en la que el oficialismo consiguió una media sanción recortada de su proyecto en el Senado, el Gobierno avanzó con una denuncia penal que busca llevar la respuesta por los incidentes de la calle al terreno judicial, con acusaciones que, bajo la interpretación planteada en la presentación, podrían derivar en penas de hasta tres décadas de prisión.
