Santa Rosa (2b)- La confirmación de la intervención de la justicia pampeana en la fiebre conquistadora de terrenos fiscales empieza a abrir un horizonte complejo en materia política. La causa penal, que de hecho consta de más de cinco expedientes a partir de denuncias de la municipalidad y privados por usurpación y robos, deberá evaluar la situación de los ocupantes pero, además, de los potenciales responsables de la incitación. La jurisprudencia en torno a las tomas es variada: En Córdoba, por ejemplo, se dictaron absoluciones de casos puntuales (no en masa) teniendo en cuenta la «situación de vulnerabilidad» de quienes cometieron la toma. En el caso más resonante de los últimos años, la ocupación del Indoamericano en Capital Federal en 2010, la justicia absolvió y reivindicó la «doctrina jurídica que postula la innecesariedad de recurrir al Derecho Penal cuando los pragmas conflictivos puedan ser desarticulados por otros remedios socialmente adecuados». Es decir, Estado presente, y política fuera. El caso de La Pampa es similar en cuanto a sus 5 tomas en Santa Rosa, con el común denominador de la necesidad, aunque la responsabilidad de la incitación, que parece recaer nada menos que en un diputado provincial electo, el peronista Leonardo Avendaño, podría hacer naufragar su asunción en la Comisión de Poderes.
Antecendentes los hay, y algunos históricos. Tal es el caso del ex represor Luis Abelardo Patti, quien asumió como intendente de Escobar sin problemas y luego, en 2005, ungido como diputado nacional fue rechazado por inhabilidad moral, teniendo en cuenta las condenas en su contra. En La Pampa, por lo pronto (y de manera increíble), habrá dos casos a tener en cuenta: el del radical Mauricio Agón, condenado por 12 estafas cometidas en el año 2000, y el de Avendaño, quien además reivindicó su rol de líder en las tomas de terrenos junto a su hermano Néstor Fabián Avendaño, dirigente del Movimiento Evita, esgrimiendo como justificación que están del lado de los pobres.
Lo cierto es que el mismo 10 de diciembre, día fijado para la asunción de autoridades electas en mayo, la Comisión de Poderes de la Legislatura emitirá un dictamen sobre los pliegos de los diputados provinciales electos, con el fin de que puedan jurar en sus bancas. La reponsabilidad en la incitación a estos actos ya es investigada por la justicia pampeana.
El Ministerio Público Fiscal acudió la semana pasada a la Seccional Segunda para hacerse de los sumarios policiales. Además, anunció que impulsó la denuncia penal que realizó la Municipalidad contra los vecinos. Fue a través del fiscal en turno de la Unidad de Delitos contra la Propiedad, Facundo Bon Dergham, quien podría pedir los primeros procesamientos por la ocupación ilegítima de predios fiscales.
Lo de los vecinos, en cualquier caso, parece complejo de juzgar. Si echamos mano a la jurisprudencia del Indoamericano, por ejemplo, la jueza que terminó por dictar los últimos sobreseimientos, María Gabriela López Iñiguez, entendió que existía «un innegable reclamo de base relativo a la insatisfecha necesidad de lograr un acceso legal a la vivienda digna por parte de sectores vulnerables, que permite excluir incluso por vía de conjetura que la comisión de los hechos de autos exclusivamente por bajos motivos».
Resulta difícil establecer, en este marco, que la comuna o algún organismo de gobierno solicite el desalojo. El acuerdo tiene que llevar por la vía de la negociación, insisten, pero tampoco está en los planes de nadie avalar cualquiera de las 5 tomas.
El gobierno provincial ya tendió puentes, pero se encuentra cercado por el accionar de un sector del mismo partido, en este caso los Avendaño como referentes del Frente Peronista Barrial. La renuncia en masa de toda la dirigencia del espacio, en desacuerdo con el impulso político a estas tomas, pareció no haber surtido demasiado efecto: Y es que detrás se encuentra el Movimiento Evita, una agrupación maniquea y difícil de encasillar en estos tiempos políticos, por sus constantes acercamientos al macrismo.
De hecho, en 2016, la agrupación encabezó una toma de terrenos y un galpón en Mercedes, Buenos Aires, donde gobierna el kichnerista Juan Ignacio Ustarroz. Aquella vez, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley comprometió apoyo económico al Evita.
Finalmente, el jefe comunal logró tomar control de las tierras. En 2018 lanzó el programa «Mi terreno», una idea que Luciano Di Nápoli, electo intendente de Santa Rosa, piensa poner en marcha cuando asuma. De hecho, según pudo saber dosbases, Di Nápoli y Ustarroz conversaron por largas horas durante un encuentro en Mercedes sobre este tema.
