Independientemente de que el Poder -y particularmente el gobierno-, está cooptado por una corporación empresarial, cuyos integrantes son los dueños de casi todo: tierras, medios de transporte, combustible, medicamentos, alimentos, comunicación… es decir industrias y empresas -entre las que se cuentan la de la Educación Privada y es por ello más que lógico que pretendan destruir el sistema educativo público para hacerse con él-, hay algunas cuestiones a considerar que sería oportuno marcar en este momento.
Afuera de este esquema quedan los docentes, es decir los trabajadores, quienes terminan siendo las «víctimas» de estas políticas de enajenación -previo desguace, fórmula ‘90s con especial protagonismo del Poder Legislativo- y los alumnos; vale decir la comunidad educativa «real». Esa misma comunidad que en Santa Rosa se puso al frente del reclamo en una jornada multitudinaria desarrollada en la vereda del Colegio Secundario de la Universidad, 9 de julio 134, el martes pasado.
Desde el comienzo del actual gobierno sobrevoló el fantasma del «arancelamiento» para la Universidad Nacional de La Pampa. Mitos más, mitos menos, ahora esa ánima no bendita parece corporizarse funestamente una vez más. Por suerte, esa comunidad educativa «real» parece estar dando muestras de repudio con actividades sociales y públicas, para «visibilizar» el conflicto y a la vez acudir a la sociedad en su ayuda. Pero esto no fue (ni es) siempre así.
Desde hace años -muchos más que el tiempo que este gobierno nacional lleva en el Poder político de la Argentina- la Universidad (por lo menos la de La Pampa) es un ámbito de élite. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está reservado sólo para una pequeña minoría. Se sabe, y hay mil casos testigo, que ingresar a trabajar allí es casi poco menos que imposible: concursos interminables e intrincadísimos, cargos en cuentagotas y con requisitos quiméricos, designaciones a dedo y puestos que se heredan, son parte de la odisea de quienes aspiran a prestar servicios en la «alta casa de estudios». “Si no tenés una cuña, es muy difícil”.
A la manera de un feudo, son muchos los casos -demasiados para ser una coincidencia- en los que no importa el título, la preparación, los antecedentes ni la capacidad de los aspirantes, sino el apellido. Basta revisar el cuerpo de trabajadores (docentes y no docentes) para advertir que se repite el patrón padre-hijo, madre-hijo, eternamente. Personas en puestos administrativos que son familiares de titulares de cátedra eternos, personal no decente que tiene el mismo apellido que encumbradas autoridades, y hasta no hace demasiado tiempo parientes directos al comando exclusivo de algún área de la UNLPam.
Además, si bien la antigüedad es importante en cualquier trabajo, también lo es la preparación: hay docentes que están atornillados a la silla de tal o cual materia, sin que jamás exista la remota posibilidad de que tal cátedra pueda ser brindada -quizás- por un profesor mejor. Simplemente porque no es “de la casa”. Inclusive se dan casos paradójicos, por no decir ridículos: tribunales de calificación (encargados de “juzgar” a los aspirantes a un cargo) con menos puntaje que los propios aspirantes; vale decir que el juez tiene menos charreteras que el “juzgado”.
Sería muy saludable que la Universidad pudiera seguir siendo pública, gratuita y laica, y además que se destinara una mayor partida presupuestaria al reservorio virtual de la Nación. A esta Universidad y al resto de las 56 que está siendo desfinanciadas, para, como corolario, rifarlas. Estaría también muy bien que cada profesional que se recibiera en la escuela pública tuviera la obligación -por ley- de devolver esa «gratuidad», que en realidad pagan todos los ciudadanos con sus impuestos- trabajando un tiempo determinado para el Estado, en el área correspondiente a su profesión; de paso le serviría de antecedente. Y por último, estaría genial que se derrumbara de una buena vez ese vicio de nepotismo que siempre envolvió a la UNLPam.
