Santa Rosa (2b)- El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, aseguró que el sistema judicial «debe ser un instrumento real para la defensa efectiva de los derechos de las personas» y «como Estado debemos consolidar esos derechos, cada vez que requieran el servicio de administración de justicia”. El ministro lo expresó al encabezar este lunes la apertura de la XIV Reunión de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que sesiona en esta capital con representaciones de nuestro país, Colombia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Honduras.
El ministro pampeano brindó el discurso de apertura ante las delegaciones en el hotel La Campiña, y sostuvo que para la provincia “es un gran honor y un acontecimiento de suma importancia haber sido elegida para desarrollar esta nueva sesión presencial de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial».
«Quiero resaltar la trascendencia que este evento implica en el fortalecimiento de los Poderes Judiciales y en particular de nuestro Poder Judicial provincial, porque indudablemente las acciones desarrolladas por esta Comisión promueven el alcance de valores axiológicos sin los cuales no podríamos concebir la función de impartir justicia”, añadió.
A la vez, Bensusán explicó que el Gobierno provincial “ha concebido, tal como lo han entendido los países Iberoamericanos en el marco de esta organización, que el sistema judicial debe ser un instrumento real para la defensa efectiva de los derechos de las personas. Como Estado debemos consolidar esos derechos, cada vez que requieran el servicio de administración de justicia”.
Asimismo, agregó que “en sistemas judiciales como el de nuestra provincia, donde las extensiones territoriales diezmarían en la realidad esas afirmaciones, nos hemos propuesto dotar a nuestras localidades más alejadas de los recursos físicos y humanos necesarios para garantizar ese acceso a la justicia que tanto proclamamos».
«En esa misma línea y con los mismos objetivos, hemos iniciado procesos de reforma legislativa de normas procesales que garanticen los derechos de los usuarios y las víctimas y que aseguren la calidad de la justicia, como un eje transversal en todas las reformas que instamos”.
