Buenos Aires (2b)- Dicen que durante la temporada judicial el fiscal de Estado de San Luis viaja todos los martes a Capital Federal. Y desde hace tiempo. Es que Eduardo Allende quiere estar cerca cada vez que tiene lugar la famosa «acordada» de los martes de la Corte Suprema, cuando se juntan los cinco ministros. El funcionario puntano es quien desde hace casi tres años (sí, tres años) despliega una intensa tarea representando a San Luis en el marco del juicio que, al igual que nuestra provincia, ganaron al Ejecutivo nacional por la detracción ilegal de coparticipación, aunque pujan por torcer la intención del gobierno de Mauricio Macri de pagar un magro 6% de interés. En diálogo exclusivo con dosbases, Allende dijo que «estamos en contacto permanente con La Pampa; nosotros en estos momentos estamos cerca de una definición y sin dudas el camino que hemos transitado le allanará las cosas, porque somos provincias similares en muchos sentidos, principalmente en no ceder ante las presiones y siempre ser independientes».
A principios de noviembre, La Pampa obtuvo un histórico fallo favorable de la Corte Suprema por la detracción ilegal de coparticipación entre el año 2002 y 2018. La decisión de Carlos Verna de no levantar el juicio, tal cual marcaba la exigencia de Nación para consolidar un Pacto Fiscal, determinó el reconocimiento para La Pampa, que así se sumó a San Luis y Santa Fe, otras dos provincias que cuentan con fallos similares.
La Corte fijó 30 días de plazo para acordar el pago entre Nación y las autoridades pampeanas. Esas negociaciones quedaron en manos del ministro de Justicia Germán Garavano, que en el transcurso de los dos encuentros ya desarrollados, no giró mucho de la postura conocida por otras provincias: Reconocer la deuda pero no ceder a la hora de aplicar la tasa de interés en concepto de la compensación por tantos años de descuentos ilegales.
En el caso de La Pampa, dicha suma se fijó en 2.132 millones, sólo en capital. Pero la vecina San Luis tiene bastante más tiempo esperando y bastante más dinero esperando cobrar: Son más de 8 mil millones de capital, porque sufrieron detracciones por partida doble, de AFIP y de la Anses. En ese marco, el fiscal Allende explicó que «se trata de una extensa lucha, que data de febrero de 2016, período durante el cual estuvo presente la discusión sobre la tasa de interés a aplicar en el juicio». La cuestión en sencilla, el gobierno nacional quiere aplicar la tasa pasiva, del 6%, y San Luis y La Pampa pretenden lo más lógico: una tasa activa, la habitualmente utiliza el Banco Nación cuando presta dinero. Nada del otro mundo.
En tanto, Allende detalló a 2b que «lo más lógico es utilizar la tasa activa del Banco Nación, algo que la justicia federal aplica en cualquier juicio». Y agregó: «Por otro lado el gobierno nacional insiste con la tasa pasiva, lo que fue impugnado. Soy optimista, el expediente circula por los despachos de los ministros de la Corte y ya tiene cuatro votos aparentemente, por lo que faltaría sólo el de Carlos Rosenkrantz, por lo cual mantenemos la esperanza de que se resuelva en un plazo breve”, concluyó.
«Le servirá a La Pampa»
Claro, para el fiscal general puntano, quien mantiene una cercana relación con su par pampeano José Vanini (incluso cursaron estudios juntos), este trayecto desandado por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá podría dejar una jurisprudencia clave para La Pampa: «Uno de los argumentos de Nación, para aplicar esa magra tasa, es que siempre prestó dinero a las provincias al 6 por ciento anual. Pero claro, no tienen en cuenta que justamente La Pampa y San Luis nunca pidieron plata, siempre se administraron bien y de manera independiente, por eso esto no es imputable».
«Sin dudas que el camino que hemos transitado le va a allanar el camino a La Pampa. Somos parte de dos provincias que a lo largo de los años se han mantenido sin deudas, sin meterse en Pactos Fiscales y sin ceder a las presiones. Esto es de larga data, y seguramente seguiremos trabajando juntos en el futuro», finalizó el fiscal.
