Santa Rosa (2b)- El gobierno de San Luis se cansó de las vueltas de la gestión de Mauricio Macri para hacer efectivo el pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia vecina, en un caso similar al de La Pampa pero con mucho más dinero en juego: 20 mil millones de pesos. Sin embargo, a las reiteradas negativas se sumó ahora un inminente cierre de plazo, y el gobierno de Alberto Rodríguez Saá no pierde de vista el descalabro de la gestión de Macri, por lo que se preparó para el peor escenario: «Vencido el plazo que fijó la Corte Suprema para negociar el pago, la Provincia estará en condiciones cobrar el saldo de en un modo forzoso», advirtió el fiscal de Estado, Eduardo Allende, anunciando la posibilidad de embargos sobre bienes del gobierno nacional.
La negociación por la millonaria deuda que Nación tuvo un nuevo fracaso. La semana pasada los funcionarios del gobierno de Macri y los de San Luis, no lograron acordar cómo el Estado nacional cumplirá con el pago de casi 20 mil millones de pesos, pese a que las reuniones vienen sucediéndose hace más de dos años y que en setiembre vencen los plazos fijados para cerrar un acuerdo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Tras la falta de acuerdo, el Estado puntano anunció que no descarta recurrir al embargo.
La ministra de Hacienda de San Luis, Natalia Zabala Chacur, contó al diario La República que «la reunión había sido solicitada por el Gobernador (Alberto Rodríguez Saá), quien por temas de agenda no pudo viajar, por lo que vinimos con el fiscal de Estado, Eduardo Allende. Nos habían confirmado que iba a participar el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero no estuvo y, en cambio, nos recibieron el secretario del Interior, Sebastián García De Luca y el secretario de Provincias y Municipios, Alejandro Caldarelli, ni siquiera gente del Ministerio de Economía, pese a que constatamos que Peña y Dujovne estaban en el mismo lugar de la reunión», aseguró Zabala Chacur. El relato, es coincidente con la experiencia de los funcionarios pampeanos, que también eligieron la vía judicial para intentar cobrar el mismo fallo de la Corte por la detracción ilegal a la provincia, en este caso por más de 5 mil millones.
Pero hay más coincidencias. Y es que además la ministra de Hacienda dijo que el rechazo estuvo fundado en un bono ofrecido por Nación que es intransferible, lo que imposibilita emplearlo para la ejecución de obra pública u otra necesidad que requiera la provincia. «Es una tenencia de título que significa una inversión a largo plazo, como si San Luis tuviera esa necesidad con un bono que ni siquiera es atractivo», sostuvo.
El fiscal de Estado, en tanto, recordó al mismo medio que en dos semanas se vencerá el plazo que fijó la Corte Suprema para negociar el pago y pasado ese término, la Provincia estará en condiciones cobrar el saldo «en un modo forzoso», como embargos u otro tipo de ejecución.
«Obviamente vamos a agotar todas las instancias y hemos manifestado claramente nuestra voluntad de negociar, pero no tuvimos ninguna respuesta favorable en los últimos tres años. Ahora tienen el agua al cuello porque nunca le dieron prioridad al tema de San Luis», afirmó Allende.
La deuda de Nación tiene origen en dos juicios que la provincia ganó en noviembre de 2015, afectada por descuentos para la financiación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y por la prorrogación, unilateralmente, de la retención del 15 por ciento del impuesto a las ganancias, destinado al financiamiento del sistema previsional de la Anses.
«Vamos a esperar una nueva propuesta en las próximas horas, pero sinceramente con el problema que hay en el país, creo que va a ser muy difícil que nos acerquen una oferta razonable para que podamos cobrar la deuda. Además porque toman nota y nos cambian los interlocutores contantemente, sin obtener una solución definitiva», indicó Zabala Chacur.
