Buenos Aires y Santa Rosa (2b)- A poco de concretarse el envio formal de más de mil millones de dólares por parte del gobierno nacional a Mendoza para iniciar Portezuelo, un pago en Letes a concretarse curiosamente el 28 de octubre, el gobernador Carlos Verna junto al fiscal de Estado José Vanini y el procurador general Hernán Pérez Araujo presentaron ante la Corte Suprema en nombre de La Pampa una acción de amparo ambiental contra el gobierno nacional y el de Mendoza, con el fin de que «se ordene se suspendan los procedimientos o trabajos para la puesta en funcionamiento de la obra de Portezuelo del Viento». El gobernador se encontraba en Buenos Aires por razones particulares, pero aún así concretó la presentación con el equipo que integra también el candidato a diputado nacional, Pérez Araujo.
En la presentación, La Pampa insiste que la medida sea aplicable hasta tanto se realice una Evaluación de Impacto Ambiental sobre toda la cuenca del Río Colorado, que «respete el derecho de información pública y participación ciudadana y sea aprobado o desaprobado –con carácter vinculante- por el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado».
Según refleja un comunicado, «la acción de amparo se dirije contra el Decreto N° 519/2019 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se aprobó el Acuerdo para la ejecución de la Obra “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento” entre el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza». Este acuerdo estipula que Nación emitirá letras intransferibles por un valor nominal de mil veintitrés millones trescientos sesenta y dos mil novecientos veintidós dólares estadounidenses (US$ 1.023.362.922) y que la Provincia de Mendoza se compromete a llevar adelante la ejecución de la obra. Tal como anticipó dosbases en exclusiva, curiosamente el pago será el 28 de octubre, un día después de la elección a presidente.
«Como lo venimos denunciando, la obra será ejecutada conforme el régimen jurídico provincial mendocino, no previéndose una Evaluación de Impacto Ambiental que abarque la totalidad de la Cuenca Hídrica y la participación vinculante del resto de las Provincias condóminas», manifestó el Procurador y candidato a diputado nacional por Todos Perez Araujo, quien además dijo que «ni se estipula la realización de los estudios y procedimientos previstos en la Ley de Obras Hidráulicas N°23.879».
En la demanda iniciada se pone de manifiesto que, «de omitir tomarse las medidas solicitadas se estará poniendo en riesgo grave e inminente al ambiente de la cuenca hídrica, y el daño que se ocasionará será irreparable, con graves consecuencias para todos los seres vivientes de la región».
Pérez Araujo, al respecto sostuvo: «Nos encontrarnos ante un inminente daño al ambiente, por lo que se torna ineludible y necesario que el presente amparo se evalúe a la luz de los principios precautorio y preventivo, debido a que ante el daño es necesario que se actué con previsión extendida y anticipatoria, pues una vez construida la Represa será imposible revertir sus efectos negativos».
La solicitud realizada por el Gobernador y sus funcionarios entiende que es necesario que se asegure que se haya evaluado en modo completo, serio, científico y participativo el impacto ambiental que la obra ocasionará en toda la cuenca del Rio Colorado, motivo por el cual «se ha planteado una medida cautelar, con el objeto de que se ordene no iniciar o suspender los procedimientos».
«Asimismo, y teniendo en cuanta que el presente pedido se realiza teniendo en miras que la decisión a tomarse en los presentes autos afectará en forma directa a todas las provincias integrantes de la cuenca hídrica y a sus habitantes se ha solicitado a la Corte Suprema que se fije una audiencia pública informativa y de conciliación, con citación a las cinco provincias integrantes de la cuenca, además del Estado Nacional», concluye el escrito presentado ante la Corte.
