Santa Rosa (2b) – A través de una carta enviada a los distintos bloques de diputados provinciales, UTELPa rechazó aspectos de la defensa de la Ley de Presupuesto realizada por el Ministro de Hacienda, Ernesto Franco. Lo acusaron de desconocer lo que sucede en las escuelas; de tergiversar datos estadísticos con el fin de “ajustar” en materia educativa y advirtieron que “hay docentes que van enfermos a trabajar”.
La Secretaria General del Sindicato docente, Lilia López, envió una carta a los Diputados Provinciales de los distintos bloques en la que acusó al Ministro de tomar “medidas que son ajuste”. En particular, rechazó nuevamente la implementación del nuevo sistema de Certificados Médicos, porque “atenta contra la continuidad pedagógica” ya que como los médicos prefieren no utilizarlo, “la mayoría de los certificados son por 48 hs., lo que significa que no se pone suplente. Nuestro estatuto establece la designación de suplentes para licencias a partir de los cinco días”.
La secretaria general del gremio docente interpretó, que, si bien los números pueden ser “positivos” para Hacienda, “no expresan que las/os docentes concurren enfermos a trabajar, o son licencias cortadas, afectando pedagógicamente a los estudiantes”. Lilia López también rechaza “expresiones” utilizadas por el ministro, que “no hacen más que confirmar lo que siempre hemos expresado, buscan ajustar las economías generando procedimientos destinados a perseguir a los docentes, sin buscar el problema de fondo que es la salud afectada debido a las condiciones de trabajo”. Y consideró que “lo que para Franco son ´números estadísticos´, son en realidad ´trabajadores/as que por algún motivo de salud física o psicológica hacen uso de las licencias contempladas en el estatuto docente´”.
Ante los supuestos abusos, UTELPa se pregunta: “¿en que se basan para decir que hay “un uso indebido”, que es un “comportamiento inusual de carácter estratégico”; qué función cumple la junta médica? No es acaso quien tiene la tarea de hacer el seguimiento del estado de salud de los/las trabajadoras/es”. Asimismo, el sindicato docente recordó que “es responsabilidad del Estado empleador el control y seguimiento de la salud y las condiciones laborales de sus trabajadores/as con fines preventivos, contrariamente a lo que manifiesta este proyecto, la implementación de medidas economicistas, sancionatorias y punitivas”.
Además, el gremio docente incluyó en el análisis la cuestión de género, al señalar que “el sector docente está conformado mayoritariamente por mujeres se torna indispensable hacer una lectura de los datos con perspectiva de género ya que del análisis de la información estadística de la provincia de La Pampa, llevada adelante por nuestro sindicato, sobre el uso de licencias por motivos de salud, se desprenden, entre otros, que: las licencias por atención de familiar ocupan un lugar significativo, población que se encuentra bajo la exigencia de lo que se denomina doble presencia.”
La presentación de UTELPa también menciona que “en la base de datos las licencias están multiplicadas por la cantidad de cargos que tiene cada docente, cabe decir que, si un docente se desempeña en tres cargos y toma una licencia de dos días, se registran en la base de datos tres licencias diferentes, que suman al momento de analizar los datos, seis días”.
López también subrayó que “Suponer que todas/os los docentes “abusan” de las licencia es poner un manto de sospecha al colectivo de las/os Trabajadores de la Educación”.
Finalmente, la nota elevada a los legisladores también reclamó por “la no creación de cargos para dar respuestas al proyecto de avanzada que propone la Dirección de Inclusiva para el Sistema Educativo Pampeano”.
Y concluyó: “En estos últimos años las políticas Neoliberales generaron en nuestra sociedad falta de trabajo, hambre, llevando a un amplio sector de nuestra población (que asiste a las escuelas) a un estado de vulnerabilidad, y es a ese sector, que debemos darle respuesta. Por lo tanto, exigimos se contemple en el presupuesto 2020 los cargos necesarios para garantizar el Derecho Social a la Educación de Calidad y con mayor Justicia Social.”
