Santa (2b) – El juez de control de General Acha, Héctor Alberto Freigedo, formalizó esta mañana a los hermanos Carlos Aníbal y Héctor Hugo Llantén por el delito de estafas especiales y, alternativamente, de seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación. La audiencia se realizó luego del corte que hicieron los puesteros en la zona petrolera, lo que motivó la denuncia realizada por la empresa estatal Pampetrol. Además, el juez ordenó a la policía que, de forma urgente, despeje el ingreso al yacimiento Medanito Sur y Salina Grande I.
La resolución del magistrado fue dictada en el marco de una audiencia de formalización, desarrollada en dicha ciudad, y atento a pedidos expresos de la fiscala Paula Soledad Duscher. La investigación preliminar fue iniciada por el Ministerio Público Fiscal como consecuencia de una denuncia presentada por la empresa provincial Pampetrol, por hechos ocurridos el pasado lunes en 25 de Mayo.
La petrolera estatal adujo que en uno de los lotes donde opera esos yacimientos, se habían colocado candados con cadenas en las tranqueras y, por consiguiente, no había forma de llegar a las baterías y los pozos porque no existen caminos alternativos.
El reclamo es por el pago de servidumbre pero Pampetrol negó las acusaciones y dijo que cumple con lo que exige la ley y le abona al Ente Provincial del Río Colorado, que es quien luego deriva los pagos. Adem{as, Pampetrol denunció a los puesteros Llantén porque el corte afectaba “de manera material, económica y ambiental a la zona”.
El defensor oficial de los imputados, Claudio Alejandro Martínez Sabio, no adhirió a las calificaciones legales ni a las medidas requeridas por Duscher.
Al momento de resolver, Freigedo formalizó a Carlos (56 años, jubilado) y Héctor (54, criancero) Llantén por estafas especiales (artículo 174, inciso 6 del Código Penal) como calificación provisoria principal, y por seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación (artículo 194), como calificación provisoria alternativa.
A su vez, el juez, también haciendo lugar a un requerimiento de la fiscalía, ordenó que la Unidad Regional IV, con asiento en 25 de Mayo y a cargo del comisario Luis Alberto Fiks, que “tome las medidas correspondientes a efectos de remover los obstáculos mencionados por el Ministerio Público Fiscal, en los predios afectados para restablecer la actividad realizada por parte de la empresa Pampetrol”.
En consecuencia, dispuso que se libren los oficios pertinentes y que ello se cumpla “de manera urgente”; autorizando a la policía a “usar la fuerza pública en caso de resultar necesario y en su justa medida”.
