Buenos Aires y Santa Rosa (2b) – La polémica decisión de autorizar la utilización de teléfonos celulares a los presos de todos los penales de la provincia de Buenos Aires fue decretado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense. Este permiso estará vigente exclusivamente durante el período en que se extienda el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional. La medida fue tomada con la intención de minimizar la propagación del coronavirus, informaron hoy fuentes judiciales.
La medida la adoptó hoy el vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, al hacer lugar a un planteo interpuesto por el Defensor de Casación, Mario Coriolano, quien cuestionó que en el marco del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional se siga considerando “falta grave” que un interno posea un teléfono celular.
Ante esta situación, fuentes del SPB aseguraron a Télam que la resolución no será apelada por las autoridades penitenciarias y que ya están trabajando para elaborar el protocolo de uso en cada una de las unidades carcelarias.
Como resultado del aislamiento, el servicio penitenciario ya había implementado una serie de medidas para que los presos pudieran mantener contacto con sus familiares, entre ellos la utilización de videoconferencias.
En su presentación a la que tuvo acceso Télam, el defensor Coriolano aseguró que “los pocos teléfonos ubicados en algunos pabellones de algunas unidades carcelarias anulan toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”.
Al hacer lugar al planteo, Violini resolvió autorizar a los presos el uso de celulares mientras dure el período de aislamiento y ordenó al ministerio de Justicia de la provincia que elabore un protocolo para instrumentar su uso.
En el fallo, el magistrado dispuso también que, hasta la elaboración de ese protocolo, los jefes de las Unidades Penitenciarias o quien designe el ministro de Justicia “determinarán las pautas de uso, ingreso y conservación de los dispositivos electrónicos”.
Para habilitar el uso de los teléfonos, Violini tuvo en cuenta que la privación de la libertad “no puede implicar el cercenamiento de otros derechos básicos como la alimentación, salud, educación y mantenimiento de los vínculos familiares”, para lo cual citó normas supranacionales, entre ellas resoluciones de las Naciones Unidas.
El juez tuvo en cuenta también que en el caso de la provincia de Buenos Aires “hay un altísimo porcentaje de la población carcelaria que renunció voluntariamente a recibir visitas de sus familiares o a salidas transitorias mientras dure la pandemia”.
Consideró que la existencia de teléfonos de línea en algunos pabellones de algunas unidades carcelarias en el marco actual de la pandemia “aparece como claramente insuficiente por su escasez y el inadecuado sistema de funcionamiento”.
“La prohibición de usar teléfonos celulares hoy vigente significa que los internos se encuentran impedidos en forma absoluta de establecer contacto con sus familiares, lo que importa tanto como decir que se encuentran imposibilitados de saber lo más elemental: si sus familiares se encuentran resguardados, a salvo, enfermos o críticos”, consignó.
Agregó que en la actual contingencia de aislamiento “suma un importantísimo grado de angustia a su situación que torna cruel -por innecesaria y carente de sentido- la prohibición del uso del celular”.
Violini admitió en el fallo que la autorización “puede ser resistida por cuestiones de seguridad”, aunque aclaró que “la seguridad de una prisión no justifica la censura de la correspondencia de los internos ya que estos pueden mantener conversaciones privadas mediante el régimen de visitas”.
“Si lo que se trata de evitar es el contacto del interno con el mundo exterior para que no siga delinquiendo habría que pensar en incomunicar a todos los privados de libertad porque pueden seguir en contacto con el exterior mediante cartas, visitas o hasta su propio abogado”, precisó.
Desde que se decretó la cuarentena, el viernes 20 de marzo último, distintos jueces de la provincia habían autorizado el uso de celulares en dos unidades penales de Batan, en una de Barker, y hoy había salido una resolución en el mismo sentido para las cárceles de Saavedra y Bahía Blanca.
