Santa Rosa (2b) – El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de la Pampa (SiTraJ), está evaluando cómo será el regreso de los trabajadores judiciales una vez que se flexibilicen las excepciones para los diferentes sectores administrativos, en el caso que la justicia sea uno. Aclaran que la justicia no es un servicio esencial y sostienen que el “Home Office” se realiza por la situación excepcional y su continuidad debe tratarse en paritarias.
“Entendemos la urgencia de algunos sectores sociales, pero priorizamos la salud y seguridad de los trabajadores judiciales”, indicaron desde el STIRAJ en un documento. “Se debe garantizar la seguridad no solo en los edificios judiciales de las diferentes circunscripciones, sino también en los 64 juzgados de paz estos por compartir espacios en común con el registro civil no son tenidos en cuenta en los pedidos que efectúan los trabajadores, La seguridad tiene que ser también para ellos y debe ser provista por el superior Tribunal de Justicia”, indicaron.
El gremio está ha recibido fotografíass de las medidas que se están adoptando como por ejemplo la mesa de entradas, las distancias que debe haber entre las personas, en los autos oficiales hay una especie de división que separa al conductor del pasajero, pero “estas medidas deben replicarse en toda la provincia”, solicitaron.
Actualmente los juzgados que están trabajando son los del fuero penales, Asesoría Niñas Niños y Adolescentes, Fiscalía, Defensorías Civiles y Penales para casos urgentes, también algunos civiles como es el caso de Concurso y Quiebra, Juzgado Laboral.
“La concurrencia al juzgado se efectiviza salvo que los trabajadores estén convocados y estén realizando guardias respetando todas las medidas de seguridad, pero son los funcionarios: Jueces, Secretarios y Prosecretario los que concurren al Centro Judicial atendiendo a través de turnos, agregó el sindicato que conduce Susana Funes.
Trabajo en el hogar
Desde el SITRAJ manifestaron que “también se están realizando trabajos desde los hogares “HOME OFFICE” mediante el SIGE (sistema informático de gestión de expediente). Esto resulta novedoso, pero debe ser tomado como una eventualidad extraordinaria dada la situación de cuarentena obligatoria y no como una forma habitual de trabajo, ya que esta modalidad lo que hace es flexibilizar, quiebra la relación laboral, llevando al trabajador a un aislamiento individual con una hiperconexion full time”.
Y agregaron que esta situación “ocasiona en el trabajador angustia y ansiedad si no cuenta con los recursos tecnológicos para llevarlo a cabo, pero también es una transferencia de costo laborales hacia los empleados dado que pone a disposición de su empleador el consumo de internet necesario para implementar esta modalidad laboral, entre otros costos que deberá asumir”.
Detallaron además que “no se han definidos temas capitales como la confidencialidad de los expedientes y legajos que ya no se encontrarían con un lugar de acceso controlado como son los juzgados, y la alteración de la vida familiar que implica la falta de horarios fijos para trabajar lo que genera una desaparición de los limites existentes entre la esfera laboral y hogareña”. Y reiteraron que “el home office no debe ser tomada como la continuidad del trabajo actual, esta es una nueva modalidad de trabajo a la que deberemos dedicarle tiempo de discusión en paritarias, sobre todo cuando lo que está en juego son los derechos y salarios del trabajador”.
Esencial
“Debemos dejar en claro que la justicia no es un servicio esencial eso es un tema que muchas veces se trae a la mesa de discusión, tenemos que hacer una diferenciación con respecto a otros sectores que si son esenciales como es salud, seguridad y el algún rubro como obras sanitarias, electricidad que se manejan con guardia cuya interrupción pondría en peligro la vida y seguridad de las personas”, expresaron desde el sindicato de Judiciales. Y fundamentaron lo expuesto en lo establecido por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como servicios esenciales “a los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, la energía y el control del tránsito aéreo quedando más que claro, que no incluye al Poder Judicial”.
