Santa Rosa (2b) – A travès de la «banca del vecino», una colectiva santarroseña pidiò por una nueva «Ley de seguridad ciudadana» y solicitaron que surja «de un amplio proceso deliberativo decisorio con la participación garantizada de todos los sectores que integran nuestra comunidad”. El pedido se realizó en la 16° sesión ordinaria del Concejo Deliberante del período 2020 de la ciudad de Santa Rosa. Tambièn se aprobó por unanimidad el proyecto que apoya a las gestiones de repatriación de los restos del Cacique Calfucurá e ingresó un proyecto de ordenanza que solicita autorización de modo excepcional para llevar adelante la contratación de forma directa del servicio de riego, entre otros temas..
Víctor Giavedoni y a Mónica Rodriguez, representantes de la “Colectiva por una Ley de Seguridad Ciudadana”, hicieron uso de la banca del vecino. Giavedoni expresó los fundamentos para lograr una nueva ley de seguridad y sostuvo que esta “debe surgir de un amplio proceso deliberativo decisorio con la participación garantizada de todos los sectores que integran nuestra comunidad.” Además, advirtió la necesidad de una reforma en la institución policial, y de optar por un “modelo de seguridad que promueva la mínima intervención policial posible para el momento oportuno y del modo específico que se requiere”.
Rodríguez, por su parte, también se refirió al respecto y sostuvo que “desde la Colectiva proponemos un cambio de paradigma respecto de una sociedad policializada” y que el sistema de seguridad debe trabajar con una “coordinación entre diferentes organismos gubernamentales”, destacando el Observatorio de violencia de género y el Observatorio de Derechos Humanos. “La articulación de la labor policial junto a la participación comunitaria en la seguridad pública generará reformas positivas para lograr un desempeño más eficiente y legal de la institución policial”, concluyó.
Entre los proyecto de ordenanza ingresó uno presentado por el Departamento Ejecutivo que solicita autorización de modo excepcional para llevar adelante la contratación de forma directa del servicio de riego, respetando las mismas condiciones que las planteadas por el pliego vigente hasta el 31 de agosto. Todo ello a partir del 1° de septiembre y por un plazo de 60 días. Este proyecto tuvo tratamiento sobre tablas, fue debatido y aprobado por mayoría en el orden del día.
También ingresaron dos proyectos de resolución. El primero, presentado por el bloque del FrePam, expresa el agrado de declarar a la telefonía celular, internet y televisión por cable como servicios públicos esenciales. El segundo, perteneciente al bloque FreJuPa, manifiesta el beneplácito al DNU 690/20 que protege a los usuarios de la lógica del libre mercado y declara a las tecnologías de la información y las comunicaciones servicios públicos esenciales. Como ambas resoluciones defienden y expresan la misma idea, se resolvió presentar un proyecto de resolución en conjunto, que fue aprobado por mayoría. La resolución no tuvo el acompañamiento del bloque Propuesta Federal, conformado por el concejal Marcelo Guerrero.
La concejala Claudia Giorgis (FrePam) resaltó la importancia de “la comunicación vista como un derecho humano y esencial”, que aseguró que también “debería ser considerado como un recurso estratégico” en tanto “así como la energía fue el desarrollo de los pueblos, ahora la telefonía e internet podrían ser una industria muy importante en La Pampa”.
En el mismo sentido, el concejal Juan Lima (FreJuPa) sostuvo: “celebro que podamos estar compartiendo esta decisión del gobierno nacional en conjunto” y aseguró que la decisión “reivindica la importancia del rol del Estado como regulador”. Además, sostuvo que “este gobierno se posiciona del lado de los usuarios y usuarias que siempre han sido perjudicados”.
Por su parte, Castañiera también acompañó el proyecto de resolución, aunque advirtió que “no todos acceden a los servicios esenciales con los que contamos como la luz y gas” en tanto “permanentemente aumentan sus costos imposibilitando al vecino y a los que menos tienen”.
Guerrero se opuso a acompañar la resolución y advirtió: “coincido en lo esencial del servicio de internet en tanto considerarlo un derecho humano, pero es el desarrollo de políticas públicas en tal sentido lo que permitirá la accesibilidad al servicio y no la regulación rígida que pretende el gobierno obstaculizando la cadena de valor de pymes y cooperativas que apuntaron al sector”.
Seguidamente, se votó por unanimidad la incorporación de un inciso a la Ordenanza Nº 3846/2008, para que no se exija el libre deuda a quienes solicitan la restitución de sus motos, en consonancia con las exigencias demandadas a los conductores de automóviles. Además, dicha incorporación expresa que las motos deban presentar la póliza del seguro obligatorio, tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito y como se dispone con el resto de los vehículos. El proyecto fue argumentado por la concejala Paula Grotto (FreJuPa) quien sostuvo que “busca poner en un plano de igualdad la exigencia en cuanto a documentación tanto para conductores de automotores, como para motocicletas, scooters y cuatriciclos”. Grotto advirtió que la modificación se realiza “a efectos de estar en consonancia con la Ley Nacional de Tránsito” y solicitó a los demás bloques que lo acompañen.
También se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el FrePam, que apoya a las gestiones de repatriación de los restos del Cacique Calfucurá impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa. El concejal Pablo Pera Ibarguren (FrePam) celebró la iniciativa por tratarse de una “forma de reconocer y reivindicar a los pueblos originarios de esta tierra” y reivindicó la importancia del “derecho de cada pueblo a su autodeterminación y a poder desarrollar su forma de vida de acuerdo a su cultura y costumbres y a poder tener dentro de su patrimonio a los grandes líderes que los defendieron”. También se refirió a la importancia de las luchas y reclamos históricos de las comunidades que logran que desde el Estado se gestionen las repatriaciones.
En el mismo sentido, el concejal José Depetris (FreJuPa), acompañó la resolución y expresó “celebro la decisión política del Gobierno de La Pampa que está poniendo a disposición toda su infraestructura para poder llevar adelante está restitución”.
Finalmente, se votó por mayoría el proyecto presentado sobre tablas para autorizar la contratación de forma directa y excepcional al servicio de riego desde el 1 de septiembre y hasta 60 días posteriores. Paula Grotto explicó que “el vencimiento de la licitación y las prórrogas se dará el 31 de agosto de este mes” y afirmó que “por la situación de la pandemia y la reducción del personal, el Departamento Ejecutivo no ha podido realizar el llamado a licitación”. En ese sentido, la concejala y presidenta del Concejo Deliberante, solicitó el apoyo del cuerpo deliberativo de “autorizar la contratación de forma excepcional y bajo las mismas condiciones a los efectos de no interrumpir los servicios que se vienen prestando”.
Por su parte, Castañiera manifestó que no apoyaría la medida, en tanto “la demora es una actitud para realizar una contratación directa que obviamente es incorrecta en lo que significa un proceso de concurso de precios.”
Pera Ibarguren (FrePam) afirmó que el acompañamiento de su bloque “se da en el entendimiento de que el servicio de riego es un servicio esencial que no puede dejar de darse en la ciudad” y advirtió que “es entendible la situación que vivió la administración en estos meses. En el mismo sentido, el concejal Guerrero manifestó su apoyo y sostuvo: “confío en que la demora en la renovación de los contratos redundará en una mejora del servicio”. Finalmente, el concejal Mariano Rodríguez Vega (FreJuPa) resaltó “la voluntad política del intendente respecto de mantener el servicio respecto de su esencialidad”.
