Buenos Aires (2b) – La AFIP estableció este jueves la reglamentación del registro de los contratos de alquiler. La medida determina la obligatoriedad de asentar todas las operaciones de contratos de locación desde el pasado 1 de julio de 2020. El objetivo de esta normativa es que permita obtener información para “verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes”.
La medida fue comunicada a través del Boletín Oficial. De esta manera, queda finalmente reglamentada la totalidad de la Ley de Alquileres, vigente desde el primero de julio del 2020. El objetivo del organismo que preside Mercedes Marcó del Pont es que «se cumplan las obligaciones fiscales», que, según las asociaciones de inquilinos, el 80 por ciento de los contratos se realiza en la informalidad.
“Aquellos contribuyentes que asuman el carácter de locadores o arrendatarios en los contratos quedan obligados a la registración de la operación”, explicó la AFIP a través de un comunicado. La normativa también contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) lo registren en representación.
En caso de que las inmobiliarias o propietarios se nieguen a hacerlo, el régimen también prevé que quienes asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informarlo en forma voluntaria. ¿Qué ocurre si el propietario no quiere avanzar en la registración? “Es un delito”, aseguró a Página/12 Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. La registración del contrato del inmueble está prevista en el artículo 16 de la Ley 27.551, más conocida como la Ley de Alquileres.
Además, el objetivo de la AFIP con esta normativa es que la herramienta permita obtener información para “verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervinientes”. Desde la asociación de Inquilinos Agrupados estiman que el 80 por ciento de los contratos se registran en la informalidad, por lo que se evaden los impuestos.
“Se abre una nueva etapa porque se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda, y quienes alquilan y en qué condiciones”, afirmó Muñoz. “Es una medida fundamental para que los gobiernos pueden llevar a cabo políticas públicas para mejorar las condiciones del acceso a la vivienda”, agregó.
