Santa Rosa (2b) Tras las manifestaciones de un gran sector cazador de la provincia, el Gobierno salió a recordar que el alcance del fallo, que no tiene una sentencia firme, no declara inconstitucional la caza con jauría. Además, defendieron la práctica de la caza del jabalí porque contribuye a mantener baja el número de la especie.
El Gobierno presentó, el día 27 de julio, un Recurso Extraordinario Provincial contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones en virtud de la errónea aplicación de la ley y la arbitrariedad de la sentencia de Cámara.
Según detalló el Gobierno, el fallo declara la inconstitucionalidad del art. 26 del Decreto Reglamentario 2218/94, el cual refiere a la manera de traslado de los canes y no a la modalidad de caza cuestionada.
El mencionado artículo, establece que “el tránsito con jaurías de caza se efectuará en vehículos con caja cerrada en laterales y techo, o bien en jaulas de tal manera que no puedan salir de los rodados sin ayuda externa. Los canes estarán embozalados”.
En ese contexto, la administración provincial señaló que hubo un error por parte de la actora (defensora oficial) al no cuestionar y/o impugnar la constitucionalidad de la legislación base, es decir la Ley Provincial Nº 1194 y la Ley Nacional Nº 22241.
A modo de mensaje tranquilizador, el Gobierno se amparo en la Constitución e insistió en que «ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe», resaltó así, que la caza no está prohibida.
A su vez, el Gobierno se mostró crítico y afirmó que «las Juezas de Cámara intervinientes, en contraposición con la clara posición expuesta por la Jueza de grado, realizan una inadecuada interpretación del caso, arribando a un pronunciamiento que denota arbitrariedad y un sin sentido desde la óptica que se analice».
«Las Juezas de Segunda Instancia no se representan las consecuencias que su decisión puede producir en la biodiversidad y en el ambiente, donde el avance descontrolado de especies exóticas invasoras originaría el desplazamiento necesario de especies autóctonas».
«En este contexto, la caza por jauría en la provincia de La Pampa, aplicada a mediana escala por un número importante de cazadores, contribuye a mantener las densidades bajas en el actual contexto».
«No es razonable prohibir, en medio de la temporada de caza, una política pública de control como la descripta, denotándose que las Camaristas analizaron la cuestión desde una óptica limitada, en el marco de un proceso no idóneo», indicaron desde la agencia Provincial de Noticias.
