Santa Rosa (2b) El diputado nacional de la UCR dio a conocer el proyecto de ley que pretende que la ciudadanía acceda a una declaración jurada actual de los patrimonios de los funcionarios.
El legislador por La Pampa, Martín Berhongaray presentó un proyecto para incorporar en el marco de la Ley 25.188 a la Comisión Nacional de Ética Pública como órgano independiente del Congreso Nacional y con autonomía funcional. La normativa presentada por el radical, estará integrada -entre otros- por 8 ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes.
El objetivo del proyecto es que se modifique «el mecanismo establecido para la presentación de las declaraciones juradas que realizan los funcionarios obligados por ley, de modo de simplificarlo para permitir que todo ciudadano se encuentre en condiciones de determinar si ha existido o no enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función».
Según detalló Berhongaray, en la actual normativa vigente existen «un conjunto de tecnicismos» que «hace que solo los muy entendidos en cuestiones contables se encuentren en condiciones de realizar un análisis completo».
Entre los fundamentos, el legislador explicó que «es necesario, por tanto, y en particular en una situación como la que registra la economía argentina, en la cual el precio de los bienes se encuentra sujeto permanentemente a cambios que se relacionan con la pérdida de valor de la moneda, que la asignación de valor de los bienes se mantenga actualizada».
De esta manera, el diputado propone reformar a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, mediante la reglamentación que dicte la Oficina Anticorrupción.
«Asimismo, y con el propósito de generar un ámbito que brinde confianza pública en el seguimiento de la evolución patrimonial y ética de los funcionarios, se propone restablecer un órgano que en su momento fue suprimido legalmente, pero cuya presencia juzgamos necesaria a fin de que la Ley cumpla su cometido, y contribuya eficazmente al objetivo común de eliminar la corrupción administrativa del ámbito del Estado Nacional», detalló.
La Comisión funcionará con la nominación previa de once «ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público», de los cuales ocho serían seleccionados «colaborar en la mejora de la Administración y, correlativamente, en que se pueda recuperar la deteriorada confianza social en los servidores públicos», concluyó Berhongaray.
