Buenos Aires (2b) – En Uruguay se están viviendo momentos de extrema tensión y crisis, la prensa nacional del propio país reclama que por falta de planificación e inversiones del gobierno de Lacalle Pou ha llevado al territorio vecino a un aprieto en la cuestión hídrica sin precedentes. La ausencia de lluvias ha provocado que la represa de Paso Severino, principal fuente de agua dulce para el abastecimiento de aproximadamente el 60% de la población, se encuentre en su mínimo histórico, con reservas de solo 3,5 millones de metros cúbicos.
En respuesta a la situación la empresa estatal de aguas (OSE) se ve obligada a utilizar agua salada del Río de la Plata para complementar el suministro de agua potable. Sin embargo, esto ha generado un aumento en los niveles de cloruros y sodio en el agua suministrada, superando los límites permitidos. Como resultado, el gobierno ha reconocido públicamente que el agua proporcionada es bebible pero no potable, algo inédito en la historia de Uruguay.
Los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo confirman el alto contenido de sodio y cloruro en el agua, lo que pone en riesgo la salud de ciertos sectores de la población.
Ante esta situación, los uruguayos han aumentado considerablemente el consumo de agua embotellada, especialmente aquellos con problemas de hipertensión, enfermedades renales y niños menores de seis meses. Según los informes, las familias destinan un 30% más de su presupuesto a la compra de agua embotellada, y las ventas han aumentado un 224% en comparación con el año anterior.
El partido de oposición Frente Amplio había advertido sobre la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas de emergencia, pero el gobierno anterior no tomó las precauciones necesarias. Se dejó de lado un proyecto de construcción de una segunda represa (Proyecto Casupá) y se planteó una iniciativa privada para extraer agua del Río de la Plata (proyecto Neptuno), que recién comenzaría a construirse el próximo año.
