General Pico (2b Norte) – Desde hace un tiempo, quienes transitan la ruta entre General Pico y Metileo seguramente habrán visto que comenzaron a instalarse algunas viviendas y corrales al costado de las vías. La extraña situación, en las últimas horas derivó en una denuncia ante la Justicia Federal, que radicó un reconocido abogado piquense radicado desde hace un tiempo en proximidades de la Ruta Provincial 102.
El letrado, ya jubilado, Ricardo Rodríguez Salto, planteó la situación en principio en redes sociales. Allí advirtió sobre posibles usurpaciones que podrían derivar en eventuales tragedias, pero en cuestión de horas dio un paso más y llevó el tema hasta la Justicia Federal, organismo competente en predios que corresponden al Estado Nacional.
“Terrenos gratis entre Metileo y General Pico”, tituló su publicación el abogado y avisó que “esto a la larga va a terminar muy mal”.
Comentó luego que “hay una serie de personas que se han instalado en los terrenos del Ferrocarril a la vera de la Ruta 102, entre las localidades de General Pico y Metileo”. Observó en dicho aspecto que “el ferrocarril pertenece a la Nación Argentina, y esa nación la formamos todos nosotros, en forma indirecta esos terrenos pertenecen a todos los ciudadanos que habitan la Nación Argentina, porque con los impuestos que ellos pagan, se adquirió la empresa Ferrocarriles Argentinos”.
“¿Habrá formalizado el Estado un llamado a licitación para ocupar esas tierras?”, se preguntó y respondió luego “la verdad no lo sé, porque si ellos tienen derecho a ocuparla, todos los demás ciudadanos, también tienen el derecho”.
Comentó también que “en esos terrenos se han instalado personas que tienen animales”. Y mencionó “todos esos animales caen bajo la órbita del SENASA, organismo encargado del control de la documentación correspondiente que acredite propiedad, vacunas, sanidad, etc. ¿Lo hace en estos casos?”.
Para volver a preguntar luego: “¿Qué sucede si se escapara un animal de estos a la ruta y mata a una familia? En el caso, primero la responsabilidad recaería en el propietario (que casi seguro no tiene un solo papel de ellos, no tienen marcas ni señales). Y, la otra responsabilidad, es de la empresa que tiene la concesión de esas tierras porque de esos predios se habría escapado el animal”.
También planteó la inquietud sobre la Policía Federal, que interviene ante eventuales delitos en tierras del Estado Nacional. “¿Habrá peticionado a los ocupantes que muestren el convenio de uso y préstamos de las tierras? Porque, si no existe ese convenio, se estaría tratando del delito de usurpación”, advirtió.
Y señaló que, en caso de cometerse la usurpación establecida en el artículo 181, “lo que se estaría dando aquí, es la complicidad del organismo encargado de la seguridad, porque el encargado policial está obligado a hacer la denuncia penal ante la Fiscalía correspondiente. Caso contrario, se cae en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Planteada la situación y ante la repercusión que tuvo en su red social, el abogado el pasado martes radicó la denuncia ante la Justicia Federal, desde donde ya le contestaron y requirieron una serie de datos para supuestamente avanzar con dicha presentación.
