Buenos Aires (2b) – La Justicia federal en lo contencioso administrativo condenó al gobierno nacional a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde el mes de febrero, lo que representa la cuarta derrota judicial para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el CELS y con el patrocinio Juan Grabois en su calidad de abogado. De este modo, Pettovello ya perdió en cuatro instancias judiciales consecutivas. Además, los demandantes planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes.
La Justicia federal en lo contencioso administrativo condenó al gobierno nacional a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde el mes de febrero, lo que representa la cuarta derrota judicial para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Se trata de la causa iniciada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el CELS y con el patrocinio Juan Grabois en su calidad de abogado. De este modo, Pettovello ya perdió en cuatro instancias judiciales consecutivas. Además, los demandantes planean llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este mes.
Actualmente, hay dos procesos judiciales abiertos contra Pettovello a raíz de denuncias realizadas por la UTEP con el patrocinio legal de Juan Grabois. Una de ellas, en el fuero penal, donde la ministra es investigada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad. La otra, en el fuero contencioso administrativo, donde el juez Lara Correa ya había dado lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial.
Por su parte, la UTEP fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia que se realizará el 14 de noviembre en Washington para exponer la situación en Argentina a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales, lo que representa una vulneración en los derechos humanos de los trabajadores de la economía popular. Esta audiencia podría derivar en una visita de la CIDH a nuestro país para constatar lo expuesto, tal como lo hicieron en 1979 cuando documentaron las atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-militar.
Fuente: El Destape
