Santa Rosa (2b) – En una decisión clave, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa rechazó este miércoles la medida cautelar presentada por concejales de la oposición para suspender la implementación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la ciudad de Santa Rosa.
El fallo, que corresponde al expediente “Camargo Diego y otros en autos: expediente n°176857 Camargo, Diego y otros e/ Municipalidad de Santa Rosa (en pleno) s/ Incidente», fue emitido por el STJ en pleno. La resolución desestima la solicitud de Diego Camargo, María Luján Mazzucco, Romina Gisela Pací, María Fernanda Oddi y Marcelo Raúl Guerrero, quienes habían argumentado que la ordenanza 6977/2023 vulneraba preceptos constitucionales al invadir competencias provinciales y otorgar exclusividad indebida a la empresa concesionaria encargada de la RTO.
El fallo
El tribunal basó su decisión en la presunción de validez de los actos administrativos y la necesidad de proteger el interés público comprometido, destacando que las medidas cautelares solo pueden otorgarse en casos excepcionales. El STJ subrayó que no se acreditaron con pruebas suficientes los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora necesarios para suspender los efectos de la normativa.
La resolución también enfatiza que la concesión de medidas cautelares no debe adelantar el fallo definitivo del caso, reservando cualquier pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ordenanza para una etapa posterior.
Reacciones
Desde la Municipalidad de Santa Rosa celebraron la resolución judicial, calificándola como un acto de justicia. Por su parte, los concejales opositores habían argumentado que la implementación de la RTO generaba confusión y perjuicios entre los ciudadanos debido a irregularidades en el proceso de concesión y la falta de validez nacional del taller habilitado.
Impacto en la ciudadanía
El conflicto sobre la RTO, que afecta a vehículos particulares y de otras localidades, ha generado incertidumbre entre los habitantes de Santa Rosa. Según la oposición, solo el 30% del parque automotor local habría cumplido con este requisito, mientras que las multas para quienes no la realicen están a punto de implementarse.
Con este fallo, la implementación de la RTO sigue vigente, dejando la resolución final de fondo en manos de la sentencia definitiva. Las costas del proceso fueron impuestas a la parte actora, y la regulación de honorarios se determinará al concluir el juicio.
