Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- El cierre de Vialidad Nacional decretado por el presidente Javier Milei traerá aparejados muchos cambios e inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de las multas. En La Pampa, como en buena parte del país, miles de conductores arrastran multas de tránsito que, aunque prescriptas por ley, siguen figurando como deudas pendientes. La trampa burocrática no solo posterga el derecho a la defensa, sino que además complica trámites clave como la renovación de licencias o la venta de vehículos.
La provincia se rige por los parámetros de la Ley Nacional de Tránsito (24.449), que fija dos plazos clave:
Multas leves: prescriben a los 2 años.
Multas graves: prescriben a los 5 años.
La cuenta arranca desde la fecha de la infracción, pero se puede interrumpir si el infractor vuelve a cometer una falta, si recibe una notificación judicial o si se inicia un proceso de cobro.
Sin embargo, en muchos casos, las infracciones vencidas siguen activas en el sistema, y eso exige al ciudadano iniciar un trámite para que sean efectivamente eliminadas.
A diferencia de otras provincias con plataformas automatizadas, en La Pampa todavía hay falta de unificación entre los registros municipales y el sistema nacional de infracciones, lo que dificulta la baja automática.
Para los registros emitidos en rutas nacionales dentro de la provincia (controladas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial), la prescripción se puede solicitar a través del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), o en los juzgados administrativos de faltas provinciales.
En el caso de multas emitidas por municipios, como Santa Rosa, General Pico o Toay, cada comuna tiene su propio circuito, muchas veces sin canales virtuales. Ahí, el reclamo se vuelve una odisea: hay que ir presencialmente, con copia de DNI, cédula verde y, si es posible, constancia del acta.
Aunque la ley establece claramente los plazos de caducidad, el Estado no notifica al infractor que su multa prescribió. Y lo más grave: sigue exigiendo su pago como si fuera vigente.
Así, quien quiere renovar su licencia o vender su auto se encuentra con una deuda artificial que solo se limpia si el propio ciudadano lo reclama.
