El abogado Ricardo Cheli, socio del Centro de Jubilados de la calle Pestalozzi de Santa Rosa, denunció graves irregularidades en la conducción de la entidad y acusó directamente a la Dirección General de Personas Jurídicas de La Pampa de haber actuado como “cómplice” de la actual comisión directiva.
Según relató, el pasado 3 de octubre se desarrolló una asamblea cargada de tensión, en la que varios socios pretendían expresar su descontento con el manejo institucional. “Representantes de Personas Jurídicas oficiaron de patovicas, impidiendo el ingreso de algunos socios y respaldando las maniobras de la conducción oficialista”, aseguró Cheli en diálogo con medios locales.
“Una conducción enquistada y sin control”
El abogado describió un cuadro de opacidad y concentración del poder interno: “El Centro está manejado por un grupo reducido desde hace años. No se aprueban los balances de 2023 y 2024, hay movimientos de dinero poco claros y un contrato de locación del salón social absolutamente irrisorio, administrado además por un familiar directo de una tesorera que ya fue denunciada penalmente”.
La situación, según los denunciantes, se agrava porque la propia presidencia de la institución habría reconocido la necesidad de una intervención administrativa ante el descontrol financiero y la falta de transparencia.
Reclamos ignorados y asamblea “viciada de nulidad”
Los socios disidentes aseguran haber presentado múltiples reclamos ante la Dirección de Personas Jurídicas, sin obtener respuesta. Por el contrario, denuncian que el organismo “legitimó una asamblea irregular, viciada de nulidad, donde la conducción se impuso por la fuerza, con métodos patoteriles y sin respetar los estatutos”.
“Pedimos que se respeten los derechos de los socios, que se revise la legalidad de lo actuado y que Personas Jurídicas deje de mirar para otro lado”, planteó Cheli.
Un conflicto que expone la falta de controles
El episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la supervisión de asociaciones civiles, especialmente aquellas que administran fondos de jubilados y pensionados. En este caso, la acusación de complicidad institucional coloca bajo la lupa a la Dirección General de Personas Jurídicas, que deberá explicar su rol en un proceso que, para muchos socios, se parece más a un apriete que a una asamblea democrática.
Mientras tanto, los afiliados del Centro de Jubilados de Pestalozzi reclaman una auditoría externa, la aprobación de los balances y la normalización de la vida institucional de una entidad que, según advierten, “hoy ya no representa a sus socios, sino a un pequeño grupo que se aferra al poder”.
