Santa Rosa y Buenos Aires (2b)- El Gobierno derogó este martes la normativa que regulaba los aranceles de los colegios privados desde hace más de tres décadas, habilitando a las instituciones a fijar libremente los valores de las cuotas y la matrícula sin informar previamente a las familias ni solicitar aval estatal.
La medida se formalizó a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y dejó sin efecto el Decreto 2417/1993. Esa norma obligaba a los establecimientos a comunicar antes del 31 de octubre —plazo que recientemente se había extendido al 15 de noviembre— el importe de la matrícula, el valor de las cuotas, los plazos de pago y eventuales recargos por atrasos. Además, exigía un acuerdo con padres o tutores sobre los nuevos aranceles, que luego debía ser informado al Estado. Si no había consenso, se mantenían los valores vigentes.
El texto oficial sostiene que la regulación eliminada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación” de los institutos privados a las condiciones educativas y económicas actuales. Argumenta también que el régimen original fue dictado en un contexto distinto, cuando la administración de la educación dependía del gobierno nacional, antes de la transferencia de competencias a las provincias.
Según el Ejecutivo, la estructura de costos del sector cambió de manera significativa y la intervención estatal habría generado efectos adversos, entre ellos la imposibilidad de ajustar precios ante fluctuaciones económicas y la fijación de cuotas más altas de lo necesario por temor a costos futuros sin autorización oficial. Ese mecanismo, sostiene el Gobierno, termina perjudicando a las familias y condicionando su capacidad de elección escolar.
El decreto cuestiona también el impacto de tarifas fijas en la calidad educativa, al limitar la capacidad de los establecimientos para responder a aumentos de insumos, salarios u otros gastos operativos. En esa línea, remarca la necesidad de “resguardar el principio de libre contratación”, permitiendo a las instituciones definir precios y esquemas de compensación en función de la competencia y del mercado.
Con esta desregulación, los colegios privados recuperan plena libertad para fijar sus aranceles sin controles previos por parte del Estado nacional.
