Buenos Aires (2b) – Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura señala que la tasa nacional de encierro en 2024 fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó su informe de actualización de datos sobre Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) en Conflicto con la Ley Penal en Dispositivos de Encierro del Sistema Penal Juvenil en Argentina. En este marco, los números proporcionados por el organismo público ofrecen una visión muy diferente a la del Gobierno nacional en relación a los delitos cometidos por menores de 18 años y su posterior privación de la libertad, el principal argumento del oficialismo para impulsar su proyecto de ley para bajar la imputabilidad hasta los 13 años.
Según el CNPT, durante 2024 en Argentina se registraron 4.119 niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. De ese total, 865 se encontraban en lugares de encierro, mientras que 2.349 contaban con medidas penales en territorio, 4 con prisión domiciliaria y uno sin datos. Esto indica que ocho de cada diez niños, niñas y adolescentes (NNyA) contaban con medidas judiciales que no implican una restricción y/o privación de la libertad, sino que se implementaron programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias, según publicó el diario Página 12.
El documento también señala el porcentaje y la clase de delitos cometidos: predominan aquellos contra la propiedad (57,1%), seguidos por delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%).
En este sentido, se demuestra que la tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes cada 100.000 habitantes. CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba superan ampliamente esta tasa. Buenos Aires y Córdoba concentran el 75% de los NNyA en lugares de encierro del país.
La finalidad de este documento es “conocer la situación de esta población, ya que es relevante para evaluar la política pública orientada a su intervención penal y su adecuación con los estándares internacionales y nacionales aplicables a la materia, con el fin de que se respeten los derechos y garantías de los/las adolescentes” y, a partir de ello, “promover medidas no judiciales y alternativas a la privación de la libertad”. Según el texto, “el encierro debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el tiempo más breve posible”.
En junio del año pasado el oficialismo había enviado el proyecto de ley, en el que señalaba que era necesario bajar la edad de imputabilidad ya que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes”.
“Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”, resalta por su parte el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Las voces a favor del oficialismo
En las últimas horas, varias voces de La Libertad Avanza salieron defender e impulsar la iniciativa. Una de ellas fue la exministra de Seguridad y nueva jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich: “La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”, señaló la legisladora a través de la red social X.
Otro que se sumó fue el exministro de Defensa y flamante diputado nacional de LLA, Luis Petri: “Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario. ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?», expresó.
