Buenos Aires (2b) – La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró más de mil muertes por acción estatal en dos años, con fuerte aumento del gatillo fácil y las muertes bajo custodia. Vincula el crecimiento de los casos con políticas impulsadas por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y alerta por reformas que podrían ampliar la impunidad.
El archivo de casos 2025 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) es contundente para describir la gestión de Javier Milei: “el gobierno más represor de la democracia”. De las 10.181 muertes por represión estatal registradas por la Correpi desde diciembre de 1983, el 10 por ciento se produjo en los últimos dos años y, solo en 2025, se registraron 507 muertes a manos de las fuerzas estatales.
Con 1.056 casos registrados desde diciembre de 2023 (507 muertes en 2025 y 511 en 2024), Milei ya supera, en proporción, los registros de todo el periodo democrático, entre ellos, los mandatos de Mauricio Macri (18,9% del total) y Alberto Fernández (19% del total), según detalló el diario Página 12. La comparación mensual de muertes a manos de las fuerzas de seguridad le da a la gestión de la ex ministra Patricia Bullrich y Milei un récord histórico de 42,2 casos por mes.
La abogada y referenta de la Correpi, María del Carmen Verdú, explica que este triste récord ocurre dentro de “un cambio de régimen”. “Han realizado reformas estructurales en materia represiva, como las leyes orgánicas de las cinco fuerzas y de la Ley de Inteligencia Interior, entre otras reformas que van a la destrucción de derechos y garantías. Esto explica por qué estamos en una situación tan extrema como nunca en 42 años de democracia”, explicó.
El gobierno del Frente de Todos, hasta ahora, figura con la más alta incidencia en el archivo por computarse un récord absoluto de muertes bajo custodia durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno de Milei también se encamina a superar esa cifra, ya que registra un total de 715 muertes en cárceles y comisarías en dos años, postula una nota del diario Página 12.
El archivo de casos, que fue presentado en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreba), registra todas las muertes producidas por la aplicación de la fuerza represiva estatal, ya sean fuerzas federales, policías provinciales, Policía de la Ciudad, Servicio Penitenciario, seguridad privada o Fuerzas Armadas. La información surge de la publicación en los medios, informes de organismos oficiales y del trabajo de la Correpi con las familias de las víctimas.
Doctrina Chocobar recargada
El informe clasifica los casos registrados y los de mayor incidencia resultan los de gatillo fácil y muertes bajo custodia. El archivo 2025 registró 148 casos de gatillo fácil, una cifra altísima solo superada por los 150 casos registrados en 2018, durante la gestión Macri. Sin embargo, los dos años de la gestión Milei-Bullrich suman 285 muertes de tiros por la espalda y se ubican en el podio de los tres años con más casos registrados.
Verdú menciona como causa “el protocolo Chocobar recargado”, la resolución aplicada por Bullrich en 2018 –año del récord de casos–, que fue suspendida durante el gobierno del Frente de Todos, cuando los registros de gatillo fácil cayeron abruptamente.
“Cuando en diciembre de 2019 asumió el Frente de Todos, la ministra Sabrina Frederic derogó la totalidad de los protocolos Bullrich, esa decisión determinó un descenso de 100 casos de gatillo fácil en esa gestión, a pesar de la marcha atrás registrada con la asunción de Aníbal Fernández como ministro”, destaca la abogada de Correpi.
A futuro, Verdú alerta que el artículo 34 del proyecto de reforma del Código Penal que el gobierno envió al Congreso, sería la “normativización del gatillo fácil” y del protocolo Chocobar.
El informe desagrega también los casos por fuerzas, donde los servicios penitenciarios federal y provinciales suman 622 casos, y lo siguen las policías provinciales, con 323 muertes, y la Policía de la Ciudad, con 49. “Las provincias replican las mismas políticas represivas”, señala la letrada.
Entre las fuerzas, la Policía de la Ciudad –siempre bajo gobierno del PRO– es “la más letal”: contabiliza 195 muertes, con un personal de 27 mil efectivos. La Policía Bonaerense registra 630 casos en el mismo periodo, con un personal de 100 mil efectivos.
El informe desglosa también los casos de femicidios a manos de uniformados. En los dos años de gestión mileista se registraron 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de miembros de las fuerzas, primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
Como revela el desagregado de casos por fuerza, la primera causa de muerte a manos del Estado ocurre entre las personas privadas de su libertad, desde cárceles a comisarías y hasta patrulleros, por “suicidios” –que encubren casos de tormentos–, incendios, heridas con arma blanca o enfermedades sin atención. Durante 2025, el registro es de 309 muertes y en los dos años de gestión 715. La cifra se estima será mayor cuando se conozcan los datos oficiales producidos por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria.
La Correpi marca una relación directa de mayor registro de muertes bajo custodia con el aumento de las personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario, que pasó de 34 mil a 121 mil en todo el país, entre 2001 y 2024, una tasa de encarcelamiento de 258 personas cada cien mil habitantes, récord nacional absoluto.
El aumento no responde a un mayor índice de delitos –la tasa de homicidios dolosos descendió de 8,6 cada 100.000 habitantes a 3,7 en 2025– sino a las políticas punitivas de las gestiones de Cambiemos y La Libertad Avanza, como la ley de reiterancia votada en 2025, destaca el informe.
