Córdoba (2b) – El Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia con aproximadamente 95 millones de pesos.
La Cámara Federal de Córdoba dictó un fallo inédito al establecer una relación de causalidad directa entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y el fallecimiento de Melín Sartori
La joven, de 24 años, murió en julio de 2021 tras sufrir complicaciones neurológicas graves pocos días después de recibir la primera dosis.
En diálogo con La Voz En Vivo, Virginia Ruiz, madre de la víctima y médica de profesión, relató el extenso proceso judicial necesario para obtener el reconocimiento institucional que inicialmente le fue denegado por las autoridades sanitarias de la provincia y la Nación.
El caso y el camino a la justicia
Melín era una joven de 24 años, deportista y sin antecedentes médicos, que se encontraba iniciando un emprendimiento familiar de pastas al momento de su fallecimiento.
El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de la vacuna y, apenas seis días después, comenzó a manifestar síntomas como cefaleas y vómitos. Tras un deterioro neurológico irreversible, murió 14 días después de la aplicación.
La demanda fue impulsada por su madre, María Virginia Ruiz, quien desde un inicio buscó visibilizar el caso ante el temor de que la dosis perteneciera a una tanda contaminada. Según explicó el abogado de la familia, Martín Barbará, el proceso fue «novedoso» y «engorroso», ya que al momento de los hechos no existían protocolos estandarizados para denunciar este tipo de situaciones.
Claves del fallo: falta de control y nexo causal
Para la Justicia, resultó determinante el informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), que tras revisar el caso bajo el consenso científico internacional, reconoció formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño sufrido.
El abogado Barbará subrayó dos puntos críticos que complicaron el cuadro:
- Falta de farmacovigilancia: la vacuna Sputnik V no contaba en ese momento con un monitoreo continuo para detectar y prevenir reacciones adversas.
- Sistema médico no preparado: las instituciones de salud no contaban con las herramientas ni protocolos para tratar adecuadamente un caso de estas características, lo que fue decisivo para el desenlace trágico.
La advertencia sobre el lote de la vacuna
Virginia Ruiz explicó que, tras la muerte de su hija, intentó comunicarse con el Ministerio de Salud de la Provincia para advertir sobre el número de lote de la vacuna aplicada. Su objetivo era prevenir complicaciones en otras personas que hubieran recibido dosis del mismo frasco multidosis.
«Mi primera urgencia era que el ministerio estuviera al tanto, que supiera el lote y que pudiera prevenirse en otra gente», señaló Ruiz. Sin embargo, la respuesta inicial fue que el caso estaba cerrado por falta de certezas sobre la causa.
La madre denunció que en ese momento regía un «secreto ministerial» que impedía que los reportes de efectos adversos fueran remitidos a los organismos de investigación farmacológica correspondientes.
Indemnización y responsabilidad del Estado Nacional
Ante el bloqueo administrativo, la familia inició una acción judicial basada en la Ley 27.573. Esta normativa, sancionada durante la pandemia, establece un régimen resarcitorio para quienes sufran daños por las vacunas contra el Covid-19.
El abogado de la familia, Martín Barbará, explicó que la Sala A de la Cámara Federal ordenó al Ministerio de Salud de la Nación concluir el trámite indemnizatorio en un plazo de 30 días. El fallo considera que la relación de causalidad es «indubitable».
«Se trata de una reparación del tipo institucional. Optamos por el camino que establece la ley para evitar discusiones jurídicas sobre competencias e inconstitucionalidades», detalló el letrado durante la entrevista.
Un precedente para el sistema de salud argentino
El caso de Melín Sartori ha trascendido el ámbito judicial. Según se informó en el streaming, la experiencia médica fue expuesta en congresos, lo que permitió que otros profesionales identificaran síntomas similares y salvaran vidas en casos posteriores.
«Llega muy tarde porque la urgencia era que el sistema de salud estuviera advertido para que no hubiera otras muertes», lamentó Virginia Ruiz. No obstante, destacó la importancia de no acatar órdenes de salud de forma «irreflexiva» sin cuestionar la seguridad de los medicamentos.
Finalmente, el fallo judicial no solo representa un alivio para la familia Sartori, sino que marca un precedente legal sobre la responsabilidad del Estado en la administración de fármacos bajo condiciones de emergencia sanitaria.
