Buenos Aires (2b) – El gobierno bonaerense obtuvo una victoria judicial frente a la administración nacional: el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata ordenó que las distribuidoras y cooperativas de gas vuelvan a cobrar el Fondo Especial para Obras, una tasa provincial que el Ejecutivo de Javier Milei había suspendido.
La jueza María Ventura Martínez concedió una medida cautelar que permite a empresas como Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy y distintas cooperativas del interior bonaerense restituir en las boletas el cobro del impuesto establecido por la Ley 8.474. Este fondo, que representa el 4% de la factura, financia obras provinciales de infraestructura gasífera.
El cobro había sido interrumpido en octubre de 2023 por dos resoluciones impulsadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, desde la Secretaría de Industria y Comercio y el ENARGAS. La provincia estima que desde entonces perdió ingresos por unos 40 millones de pesos mensuales.
La magistrada fundamentó el fallo en que la vigencia de la ley provincial sigue operativa y en que las distribuidoras “nunca plantearon objeciones constitucionales” sobre el impuesto, que se percibe a través de las facturas a los usuarios. Además, remarcó que la medida no tiene efectos retroactivos, aunque el gobierno de Axel Kicillof ya anticipó que pedirá que se revise este punto.
El fallo incluye a una decena de empresas, pero no alcanza a todas: aún queda pendiente una segunda presentación judicial para completar la restitución del tributo.
Desde el Ejecutivo bonaerense denunciaron que la eliminación del fondo fue “una decisión arbitraria” del gobierno nacional que “avasalla la autonomía provincial” y busca desfinanciar obras esenciales. “Este es apenas el primer paso de una batalla legal más amplia”, advirtió el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni.
El Fondo Especial para Obras de Gas fue clave para ejecutar proyectos como los gasoductos de la Costa, del Noroeste y del Sur, que llevaron redes de gas a regiones históricamente postergadas. Su eliminación, señalaron desde Provincia, ponía en riesgo nuevas obras y dejaba sin recursos al Estado provincial en un contexto de fuerte ajuste.
